La Fundación Apolo ha interpuesto una denuncia penal en Argentina contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusándolo de graves delitos relacionados con la trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores. La denuncia abarca el período en el que Morales estuvo asilado en Argentina durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, entre 2019 y 2020, después de su salida de Bolivia.

Según el documento presentado, diversos testimonios indican que Morales habría convivido con menores de edad trasladadas desde Bolivia en condiciones de vulnerabilidad. Estas jóvenes realizaban tareas domésticas y personales en un contexto que ha sido descrito como "servil". La exdirigente intercultural boliviana, Angélica Ponce, afirmó que fue testigo de situaciones preocupantes durante sus visitas a la residencia del exmandatario. En sus declaraciones, Ponce denunció que Morales recibía a "niñas como obsequios" de personas que buscaban obtener favores políticos, lo cual, aseguró, era conocido en los círculos cercanos al expresidente.

La denuncia penal está sustentada por testimonios y publicaciones en medios de comunicación que relatan estos incidentes, y se basa en artículos del Código Penal Argentino que abordan los delitos de trata de personas y abuso sexual. La presentación fue realizada por Yamil Santoro, director de la Fundación Apolo; José Magioncalda, jefe de legales; e Ignacio Falcón, abogado de la entidad. La causa ha sido asignada a la jueza federal María Servini bajo el expediente número CFP 4621/2024.

El documento denuncia que Morales no solo convivía con menores de edad, sino que su presencia en Argentina estuvo marcada por la protección del gobierno de Alberto Fernández. Durante su asilo, Morales se trasladaba en el avión presidencial T01 y otros recursos oficiales le fueron asignados. La Fundación Apolo señaló que las autoridades argentinas incluso financiaron su estadía, lo que agrava la gravedad de las acusaciones.

Además, el texto de la denuncia menciona que Franco Bindi, abogado kirchnerista vinculado a los servicios de inteligencia y a la empresa venezolana PDVSA, apareció públicamente junto a Morales, desempeñando roles de protección y guía en diversas actividades. Bindi, un personaje controversial, acompañó a Morales en giras por distintas provincias argentinas y se le vio en reuniones políticas y eventos del Grupo de Puebla. En marzo de 2023, Bindi viajó con Morales por Neuquén, Chubut, Rosario, Salta y Jujuy, y fue visto fotografiándose junto a él en el estadio de Boca Juniors y otros lugares significativos.

No es la primera vez que Morales enfrenta acusaciones de este tipo. En 2020, medios bolivianos informaron sobre una supuesta relación con Noemí Meneses Chávez, quien habría sido menor de edad al momento de iniciar un vínculo con el expresidente. La denuncia recuerda también que la dirección de Migraciones de Argentina se negó a proporcionar información sobre el ingreso de posibles víctimas, invocando la confidencialidad de los datos. Esto llevó a la Fundación Apolo a presentar recursos legales que fueron desestimados por la Agencia de Acceso a la Información Pública.

La Fundación Apolo ha hecho un llamado a la Justicia argentina para que inicie una investigación exhaustiva que determine la veracidad de los hechos y garantice la protección de las posibles víctimas. "Estos actos, de ser comprobados, afectan no solo a las víctimas directas, sino que también socavan la justicia y la integridad del sistema judicial en ambos países", enfatizó la entidad.

Con la llegada de Javier Milei al poder, el estatus de Morales ha cambiado significativamente. En septiembre, el nuevo gobierno revocó su estatus de asilado, un hecho que podría influir en el curso de las investigaciones. La Fundación Apolo reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción y la impunidad, subrayando que cualquier acto de esta naturaleza debe ser abordado con la máxima seriedad para resguardar los derechos humanos.