El viernes, Estados Unidos aplicó nuevas sanciones a cientos de empresas en Rusia, Europa, Asia y Oriente Medio, acusándolas de suministrar productos y servicios que apoyan el esfuerzo bélico de Rusia y ayudan al país a eludir las sanciones internacionales.

Entre las entidades sancionadas se encuentran 60 empresas rusas de tecnología y defensa, incluidas tres de tecnología financiera.

También se han penalizado compañías en Turquía, Francia y Hong Kong por su relación con Promtekh, un distribuidor mayorista de equipos de transporte en Rusia, y una red de adquisición de municiones vinculada a ciudadanos italianos y turcos.

Esta acción forma parte de una serie continua de sanciones impuestas por Estados Unidos desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Aunque estas sanciones buscan debilitar la economía rusa, su efectividad ha sido cuestionada debido a que Rusia ha mantenido su economía relativamente estable mediante la venta de petróleo y gas en mercados internacionales.

Además, el Departamento de Estado de EE.UU. ha designado a individuos y empresas vinculadas a la exportación de energía, metales y minería de Rusia, la producción de aviones no tripulados, y filiales de Rosatom, la corporación estatal rusa de energía nuclear.

También se han sancionado a aquellos involucrados en el secuestro de niños ucranianos y en su identificación como rusos.

El anuncio de las sanciones llega justo antes del Día de la Independen cia de Ucrania y mientras las fuerzas ucranianas avanzan en la región rusa de Kursk.

Esta medida refleja el compromiso del presidente Joe Biden y del Grupo de los Siete para interrumpir las cadenas de suministro militar de Rusia y aumentar los costos de su maquinaria bélica.

El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, afirmó que la economía rusa se ha convertido en una herramienta para el complejo militar del Kremlin, subrayando la necesidad de que empresas y gobiernos eviten apoyar estas cadenas de suministro.

A principios de este año, EE.UU. aprobó un paquete de ayuda a Ucrania que incluye la posibilidad de confiscar activos estatales rusos en EE.UU. para beneficiar a Kiev.

Además, el Grupo de los Siete acordó un préstamo de 50.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania, utilizando los intereses devengados de los 300.000 millones de dólares en activos congelados de los bancos centrales rusos como garantía.