El expresidente Evo Morales cuestionó la reciente designación de Gonzalo Hurtado como presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, advirtiendo que este cambio evidencia la falta de seguridad jurídica y el debilitamiento del Estado de derecho en el país. Según Morales, la nueva presidencia del TCP está vinculada a “polémicas e ilegales decisiones” que ponen a los bolivianos en una “indefensión jurídica y política”.

A través de sus redes sociales, Morales expresó su preocupación por las consecuencias de este cambio de directiva, señalando que el nuevo liderazgo del TCP ha tomado decisiones que restringen las atribuciones de la Asamblea Legislativa y el Órgano Electoral, colocando el tribunal bajo la influencia del Gobierno y favoreciendo intereses políticos y económicos. "Estamos frente a una situación crítica donde las salas constitucionales quitan atribuciones a la Asamblea Legislativa y el Órgano Electoral a través de un Tribunal Constitucional sometido al Gobierno a cambio de intereses políticos y económicos", afirmó Morales.

El 22 de noviembre, Gonzalo Hurtado asumió la presidencia del TCP con el respaldo de cinco de los nueve vocales de la Sala Plena, después de que Paúl Franco, el presidente anterior, no asistiera a tres sesiones consecutivas. Hurtado y su colega Yván Espada formaban parte de la Sala Constitucional Cuarta del TCP, desde donde se emitieron polémicas resoluciones, como la postergación de las elecciones judiciales y la reciente Sentencia Constitucional 0776/2024-S4, que validó el congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) en el que se eligió a Grover García como presidente en reemplazo de Morales.

Además, una de las decisiones más criticadas fue la sentencia relacionada con la reelección presidencial, en la que el Auto Constitucional 0083/2024 ECA, del 1 de noviembre de 2024, prohibió la reelección continua de autoridades electas en los órganos Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Electoral, lo que impide a Morales postularse nuevamente a la presidencia.

La prórroga del mandato de los actuales magistrados del TCP también ha sido un tema de controversia. Morales y sus seguidores han expresado que las decisiones tomadas por los magistrados electos en 2017 son "nulas de pleno derecho", cuestionando la legalidad de su permanencia en el cargo.

Morales aseguró que este tipo de decisiones pone en riesgo la democracia y las instituciones del país, acusando a los magistrados de estar al servicio del Gobierno y no de la ciudadanía. Según él, la situación actual del TCP refleja una crisis institucional que afecta la autonomía de las entidades bolivianas y debilita el sistema de justicia en el país.

El cambio en la presidencia del TCP y las decisiones políticas y constitucionales que lo acompañan continúan generando tensiones en el escenario político de Bolivia, mientras el país se enfrenta a un clima de incertidumbre sobre la independencia de sus instituciones y el futuro de la justicia en el país.