Los gobernadores de varias regiones del país han rechazado el anteproyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025, presentado por el Gobierno nacional. En una reunión celebrada este miércoles en la capital cruceña, los mandatarios departamentales acordaron no respaldar el presupuesto al considerar que no se han cumplido los compromisos adquiridos por el presidente Luis Arce en el último Consejo Nacional de Autonomías.

El rechazo fue expresado por el gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, quien recordó que el punto 6 del acuerdo con el Ejecutivo no fue respetado. Además, en la reunión participaron los gobernadores de Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, y equipos técnicos de otras gobernaciones como Beni, Oruro y Potosí.

En la misma reunión, se abordaron temas ambientales y se firmaron conclusiones que incluyen varios puntos clave. Los gobernadores celebraron la sentencia constitucional plurinacional 040/2024, que rompe el "candado" de la Ley Madre Tierra, permitiendo que Bolivia proteja sus bosques y genere ingresos por los servicios ambientales. También destacaron la existencia de 55 millones de hectáreas de bosques que podrían generar hasta $5.000 millones anuales en servicios medioambientales.

Sin embargo, los gobernadores criticaron el Decreto Supremo 5264, que establece directrices sobre el cambio climático, ya que excluye a entidades clave como municipios, gobiernos indígenas y las propias gobernaciones de la gestión de los recursos. Asimismo, pidieron un marco legal que garantice una verdadera protección y una distribución equitativa de los recursos generados por los bosques y el mercado de carbono.

Finalmente, se acordó que las gobernaciones trabajarán en una propuesta técnica y jurídica para la participación de las entidades territoriales autónomas en la distribución de estos recursos.

Puntos clave acordados por los gobernadores:

1.- Celebración de la sentencia constitucional plurinacional 040/2024: Esta sentencia rompe el "candado" establecido en la Ley Madre Tierra, abriendo la posibilidad de proteger los bosques y generar ingresos a partir de ellos.

2.- Protección de los bosques: Bolivia posee al menos 55 millones de hectáreas de bosques, lo que podría generar aproximadamente $5.000 millones anuales por concepto de servicios medioambientales.

3.- Rechazo al Decreto Supremo 5264: Este decreto establece lineamientos para la gestión y el acceso al financiamiento por cambio climático, pero excluye a municipios, gobiernos indígenas, gobernaciones y la población en general que gestiona y protege los bosques.

4.- Solicitud de un marco legal adecuado: Los gobernadores piden una legislación que garantice la protección y administración adecuada de los bosques, con una distribución equitativa y democrática de los recursos generados.

5.- Propuesta sobre el mercado de carbono: Las gobernaciones trabajarán en una propuesta técnica, ambiental, jurídica, política y social para asegurar la participación de las entidades territoriales autónomas en la distribución de los recursos generados por el mercado de carbono.