José L.S.S., de 58 años y de nacionalidad española, fue sentenciado a 30 años de cárcel en el penal de Palmasola, tras ser declarado culpable de delitos graves contra una niña de ocho años en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El Juzgado 12º de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer dictó la máxima pena en una audiencia de procedimiento abreviado.

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, destacó que la investigación fue realizada en coordinación con instancias internacionales, lo que permitió localizar al acusado y confirmar su responsabilidad en los actos ilícitos.

Durante el allanamiento a su domicilio, se confiscaron cámaras, celulares y otros dispositivos que contenían material incriminatorio, los cuales fueron presentados ante la justicia.

Según el Fiscal Especializado en Delitos de Género, Ricardo Caballero, la investigación estuvo a cargo de la Unidad Especializada en Gestión y Tratamiento de Material Sensible de la Fiscalía General del Estado.

Este equipo trabajó en conjunto con el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), la Policía Boliviana y otras instituciones para rastrear la ubicación del acusado.

El operativo llevado a cabo el 8 de octubre permitió el rescate de la menor, quien habría sido víctima de los delitos desde los tres años.

La víctima es nieta política del acusado, lo que facilitó el acceso del individuo a la menor.

Durante la operación, el sujeto fue detenido y puesto bajo investigación.

Gracias a la colaboración entre las autoridades nacionales e internacionales, se logró una rápida intervención que garantizó la máxima sanción para el responsable de estos delitos.

La Fiscalía reafirmó su compromiso de seguir trabajando en la protección de los derechos de los menores y en la persecución de quienes los vulneran.

El caso ha sido un ejemplo de cooperación entre las diferentes entidades encargadas de la protección de menores, y la condena de José L.S.S. representa un paso importante hacia la justicia en casos de violencia y explotación infantil.