Las órdenes de detención mutuas emitidas entre Argentina y Venezuela contra los presidentes Nicolás Maduro y Javier Milei enfrentan pocas posibilidades de ser ejecutadas en el corto plazo.

Según el abogado en derecho internacional Simón Gómez, la detención de Maduro sería viable solo si el mandatario viajara a un país que sea parte del Estatuto de Roma, permitiendo su entrega a la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, en el contexto actual, esa posibilidad parece remota.

La denuncia contra Maduro en Argentina, presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), está basada en el principio de justicia universal, que permite procesar crímenes de lesa humanidad sin importar dónde se cometieron.

A pesar de esto, Waldo Wolff, presidente del FADD, reconoció que las detenciones no serán inmediatas, pero considera que el proceso es el inicio de un camino para futuras acciones legales.

Por otro lado, la orden de captura emitida por Venezuela contra Milei, bajo la acusación de "robo agravado" en relación con el avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires, también enfrenta escollos legales.

Según Gómez, la acusación es infundada, ya que el caso fue gestionado por el poder judicial argentino, no por el ejecutivo, lo que debilita la base de la solicitud de alerta roja a la Interpol.

A pesar de la solicitud de Venezuela para activar la alerta contra Milei, expertos coinciden en que la orden será ignorada tanto por los tribunales argentinos como por la Interpol, ya que no se trata de un crimen que exima la inmunidad de un jefe de Estado.

Así, ambas órdenes de captura enfrentan dificultades jurídicas y políticas que hacen improbable su concreción en el corto plazo.