En un giro autoritario, Nicolás Maduro anunció la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas. La medida fue acompañada por la orden de expulsar al personal de la Oficina en un plazo de 72 horas.

La decisión, comunicada por el canciller del régimen venezolano, Yvan Gil, se justificó acusando a la Oficina de haber "instrumentalizado" su trabajo en contra del Ejecutivo, especialmente después de expresar su preocupación por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel.

La Misión de la ONU había emitido un comunicado el pasado viernes expresando su "profunda preocupación" por la detención de Rocío San Miguel, conocida crítica de Maduro y acusada de "terrorismo". La dictadura, en respuesta, consideró que la Oficina había adoptado un papel parcial y acusó a sus integrantes de ser parte de un grupo de "golpistas y terroristas".

El canciller Yvan Gil anunció que la suspensión de las actividades de la Oficina se mantendrá "hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas". Asimismo, se realizará una revisión integral de los términos de cooperación técnica en los próximos 30 días.

El personal de la Oficina del Alto Comisionado tiene ahora un plazo de 72 horas para abandonar el país, según la orden del régimen de Maduro.

La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada en 2019, tiene como labor principal brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas en los informes presentados al Consejo de los Derechos Humanos. Desde su instalación, ha emitido al menos seis informes sobre la situación en Venezuela.

La Misión de la ONU expresó su preocupación por la detención de Rocío San Miguel y llamó al régimen a poner fin a la ola de represión contra opositores en el país. La medida del régimen de Maduro ha generado una fuerte condena internacional y levanta preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en Venezuela.