Gianina García Troche, la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, llegó el 16 de julio a Dubái con la intención de entregarse en ese país. Unas semanas antes, sus hijos se habían radicado allí.

Pero la mujer no pudo concretar sus planes: las autoridades migratorias de Emiratos Árabes Unidos la expulsaron, aunque sin detenerla, por la alerta roja que pesaba en su contra. Fue entonces que García Troche decidió viajar a España, según declaró a La Diaria el abogado de la familia, Santiago Moratorio.

La esposa de Marset llegó a Barajas con la documentación uruguaya y allí sí fue detenida. Su defensa asegura que García Troche se entregó para “solucionar el problema de una vez”, aunque las autoridades de los países de la región aseguran que el arresto fue la consecuencia de trabajos de inteligencia entre los países.

En las últimas semanas, los hijos de Marset y García Troche se trasladaron a Madrid, donde la familia alquiló una casa mientras la defensa aspira a que la mujer pueda esperar el juicio de extradición en libertad.

La esposa del narcotraficante prófugo de la Justicia es requerida por Paraguay y Bolivia. “Ella llegó a Dubái con la finalidad de entregarse porque está cansada de correr, de que la persigan por un delito que no cometió.

No tiene antecedentes judiciales ni en Uruguay, ni en España, ni en Paraguay, ni en Bolivia.

Hace poco saqué los antecedentes judiciales de la señora García Troche, que no dieron absolutamente nada, y esos antecedentes, que fueron legalizados y apostillados, ya están en Madrid en el expediente de extradición”, aseguró Moratorio al medio uruguayo.

Esos son parte de los argumentos que utiliza Moratorio para que su clienta no sea extraditada a Paraguay, donde es requerida por blanqueo de capitales y donde se pide para ella una pena de 22 años y seis meses. Moratorio aseguró que Paraguay todavía no envió el exhorto de extradición a la Justicia española.

El abogado señaló que la Oficina Nacional de Interpol Paraguay envió un informe con la situación jurídica de la arrestada, en la que, según la defensa, se comete un “error voluntario” porque se agregan delitos que no están en los expedientes judiciales (el de asociación para delinquir, narcotráfico y lavado de activos).