La exministra critica duramente la detención de Humberto Claros y la situación actual del país.

Teresa Morales, exministra y defensora del proceso de cambio, se pronunció este martes enérgicamente sobre la reciente detención del dirigente Humberto Claros, criticando lo que considera un abuso de poder por parte del gobierno. Morales denunció que, además de la aprehensión de Claros, el dirigente Ponciano estaría siendo trasladado desde Uncía para enfrentar un proceso similar.

Morales afirmó que el gobierno está violando los derechos humanos de los dirigentes sociales, comparando su accionar con prácticas de regímenes autoritarios. "Están abusando de los derechos de los compañeros y amedrentando a todo aquel que alza la voz sobre la falta de gasolina, alimentos, y medicamentos a precios accesibles", declaró Morales, agregando que esta situación de escasez y crisis ha llevado a la población a largas filas para obtener gasolina, mientras que el gobierno desvía la atención con la detención de líderes del Pacto de Unidad.

La exministra instó a la comunidad internacional a intervenir, haciendo un llamado específico al alto comisionado de Naciones Unidas y criticando la falta de acción por parte del defensor del pueblo en Bolivia. “El defensor debería estar parado aquí en la puerta de la FELCC defendiendo los derechos humanos, pero claramente tiene cosas más importantes que hacer”, señaló con indignación.

Morales también denunció lo que percibe como una traición al proceso de cambio, señalando que figuras del actual gobierno han aprovechado sus cargos para obtener beneficios económicos, algo que considera una “vergüenza y una afrenta al ideal de cambio” por el cual votaron muchos bolivianos. "Es lamentable ver que aquellos en quienes depositamos nuestra esperanza ahora se llenan los bolsillos mientras la gente sufre", aseveró.

La exministra concluyó afirmando que se están considerando nuevas medidas en defensa de los dirigentes del Pacto de Unidad, y reiteró su llamado a las organizaciones sociales de América Latina para que apoyen la denuncia y envíen emisarios a Bolivia para constatar las presuntas violaciones a los derechos humanos.