Este 13 de noviembre, la Cámara de Casación Penal de Argentina confirmó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta y actual líder del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner. El fallo, que no es definitivo hasta ser ratificado por la Corte Suprema, mantiene abierta la posibilidad de una última apelación, cuyo pronunciamiento se espera para marzo de 2025.

La exmandataria, procesada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa conocida como "Vialidad", fue acusada en diciembre de 2022 por presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz. Estos contratos, adjudicados a la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, amigo cercano de la familia Kirchner, habrían quedado inconclusos o se habrían inflado en costos, según la investigación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La suma del fraude alcanzaría los 1.000 millones de dólares, conforme a las acusaciones.

La expresidenta, que en su momento también se desempeñaba como vicepresidenta en el gobierno de Alberto Fernández, ha rechazado enérgicamente las imputaciones, alegando que su condena forma parte de una persecución judicial motivada por razones políticas. En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Fernández de Kirchner calificó el fallo de "arbitrario" y acusó al Poder Judicial de actuar como un "Estado paralelo y mafia judicial" en favor de sus opositores políticos. La exmandataria señaló que el juicio careció de pruebas contundentes y aseguró que los fiscales solo "dijeron mentiras" en sus alegatos finales.

El caso, que lleva años en tribunales, involucra también a otras 12 personas, entre ellas Báez y el exministro de Obras Públicas Julio De Vido. Según los fiscales, Báez, un exbanquero que se convirtió rápidamente en un magnate de la construcción, habría creado Austral Construcciones con el propósito de ganar licitaciones estatales con la colaboración de sus amigos, los Kirchner. Durante el juicio, el fiscal Diego Luciani aseguró que Cristina Fernández encabezaba una "asociación ilícita" destinada a desviar fondos públicos y que esta trama de corrupción era “la mayor maniobra de corrupción que ha conocido el país”.

Aunque la ratificación de la sentencia representa un golpe significativo para la figura política de Fernández, la exmandataria no irá a prisión hasta que la Corte Suprema confirme la condena. La fecha de resolución del máximo tribunal está prevista para marzo de 2025, lo que deja en suspenso el futuro político y judicial de una de las líderes más emblemáticas de la política argentina reciente.