Tras la extradición del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila a Estados Unidos, las tensiones sobre el control del narcotráfico en Bolivia se han intensificado.

La senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana (CC), aseguró que la alta conflictividad en el país refleja una lucha de poderes entre organizaciones ilícitas, particularmente en el Chapare, que según ella somete al Estado boliviano a sus intereses

“El Chapare se ha convertido en una republiqueta donde el narcotráfico tiene el control. Esto debe cambiar con la llegada de un nuevo gobierno en 2025, que desarticule estos grupos y restablezca la legalidad”, señaló Barrientos.

La legisladora cuestionó la influencia de las seis federaciones del Trópico cochabambino, afirmando que su control afecta a la población local y a la seguridad de todo el país. “Es inadmisible que las personas del Trópico sean obligadas a marchar y los empresarios a aportar para mantener este sistema”, agregó

Por otro lado, destacó que la extradición de Dávila podría traer revelaciones importantes sobre el narcotráfico en Bolivia, dado que en Estados Unidos se incentiva la colaboración de los acusados a cambio de beneficios legales. “Es probable que Dávila brinde información clave sobre las operaciones ilícitas en nuestro territorio”, afirmó Barrientos, advirtiendo del nerviosismo en el entorno de Evo Morales

Desde el oficialismo, la diputada Deisy Choque minimizó las implicancias para Morales, argumentando que “quien tiene la conciencia tranquila no debe temer”.

Sin embargo, analistas y opositores, como el parlamentario Alejandro Reyes, creen que las posibles revelaciones de Dávila podrían comprometer a figuras clave del pasado gobierno.

Mientras tanto, el expresidente Evo Morales calificó la extradición como una muestra de que Bolivia “es una colonia de Estados Unidos” y criticó que Dávila no haya sido juzgado primero en el país.

La lucha contra el narcotráfico sigue siendo un tema crítico para Bolivia, y el desenlace de este caso podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Estado y el control territorial de grupos ilícitos.