La subvención a los hidrocarburos en Bolivia, un tema largamente discutido, ha vuelto a tomar relevancia en 2024. Mientras el Gobierno, en abril de 2023, garantizaba la vigencia de esta medida como un pilar para mantener la estabilidad económica del país, la realidad económica actual ha llevado al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, a recalcar la necesidad de reconsiderar esta política. En ese entonces, el vocero presidencial Jorge Richter afirmó que retirar la subvención conduciría a la inflación y al empobrecimiento de los bolivianos, una postura que fue reiterada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en mayo de 2024.

Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente. El ministro Molina sostiene ahora que la subvención se ha convertido en un gasto insostenible para el país, argumentando que el costo cercano a los 2,000 millones de dólares es insostenible. Según Molina, mantener esta subvención podría llevar al país a una crisis de abastecimiento, haciendo imposible continuar con las importaciones necesarias para satisfacer la demanda interna de combustibles. Esta nueva postura ha dado inicio a una campaña para eliminar la subvención, un movimiento que, según el ministro, es crucial para evitar que Bolivia se quede sin combustible.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, había asegurado en mayo que levantar la subvención no era la solución, y que el enfoque debía ser la producción nacional de crudo y biodiésel. Sin embargo, las declaraciones recientes de Molina sugieren que el enfoque del Gobierno podría estar cambiando hacia la necesidad de reformar o eliminar una medida que, si bien ha sido fundamental para la estabilidad económica, ahora representa un desafío fiscal significativo para el país.