Llegan refuerzos internacionales desde Venezuela, Uruguay y Perú para combatir el fuego que ha arrasado cerca de cuatro millones de hectáreas.

El Gobierno de Luis Arce ha declarado la emergencia nacional luego de que los incendios forestales devastaran cerca de cuatro millones de hectáreas en Bolivia. Este jueves, el país recibirá apoyo internacional con la llegada de 61 bomberos y expertos en incendios forestales provenientes de Venezuela. Además, un helicóptero y bolsas de agua serán enviadas desde Uruguay para reforzar las operaciones aéreas en el combate contra el fuego.

El presidente Arce agradeció estos gestos de solidaridad, mencionando también que Perú enviará 150 contenedores aéreos Guardian System con capacidad para lanzar hasta 1.000 litros de agua desde el aire sobre las zonas afectadas. Catorce pilotos bolivianos han sido capacitados para utilizar esta tecnología, sumando a los esfuerzos del Gobierno en la lucha contra la catástrofe ambiental.

Entre las medidas adoptadas, se incluyen el envío de camiones cisterna, tanques de agua y pastillas potabilizadoras para asistir a las familias afectadas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, que han sido duramente golpeados por el fuego.

Esta crisis ambiental es una de las peores que ha sufrido Bolivia en los últimos años, superada solo por los incendios de 2019, cuando se perdieron 5,3 millones de hectáreas. Mientras el Gobierno estima que 3,8 millones de hectáreas han sido destruidas hasta el momento, organizaciones privadas reportan una cifra superior a los cuatro millones.

La gravedad de la situación ha obligado a suspender las clases en las áreas más afectadas por la contaminación del aire, y algunas operaciones aéreas han sido detenidas debido a la baja visibilidad en el oriente del país. En paralelo, la Defensoría del Pueblo presentó una acción legal contra ministros, gobernadores y alcaldes por la inacción frente a los incendios.

En La Paz, grupos de artistas y activistas se manifestaron exigiendo la derogación de las leyes que permiten los desmontes y las quemas controladas, conocidas como ‘leyes incendiarias’, señalándolas como responsables del agravamiento de la crisis.