Lula da Silva tiene en sus manos la decisión política que permitiría a la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobar un proyecto de Resolución que condena a Nicolás Maduro por el fraude electoral y la represión ilegal en Venezuela.

La iniciativa diplomática que presentó Estados Unidos junto a Canadá, Ecuador, Paraguay y Uruguay fue objeto de una larguísima negociación que permitió encontrar un consenso entre todos los miembros de la OEA.

Pero ese trabajoso acuerdo fue elevado a las cancillerías de cada uno de los estados del foro regional para obtener un mayor respaldo político, y hasta que eso no suceda no habrá sesión especial para repudiar al régimen populista.

Entonces, la condena a Maduro depende de Lula, que define la agenda diplomática del Palacio Itamaraty.

Si el presidente del Brasil avala la iniciativa que ya fue aceptada por su embajador ante la OEA, el proyecto contra la dictadura venezolana podría tratarse el viernes y ser sancionada por una mayoría holgada.

Cuando Lula jugó en contra de condenar a Maduro, la OEA fracasó en repudiar al regimen populista. En esa oportunidad, Lula junto a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Gustavo Petro lograron 11 abstenciones y 5 ausencias frente a 17 votos afirmativos. Para lograr la condena se necesitaban 18 votos, y Brasil, México y Colombia hicieron lo necesario para que esa cifra no sucediera.

Mientras los embajadores de la OEA negociaban artículo por artículo el texto del proyecto de Resolución, Antony Blinken iniciaba un raid telefónico con los cancilleres de Brasil, México y Colombia para explicitar la posición de Estados Unidos. El secretario de Estado dialogó con Mauro Vieira (Brasil), Alicia Bárcena (México) y Luis Murillo (Colombia), y al otro lado de la línea recibió respuestas de ocasión.

AMLO y Luis Arce, presidente de Bolivia, tienen una posición intransigente frente a la iniciativa que exige transparencia electoral y condena la represión ilegal en Venezuela. Ambos mandatarios ordenaron a sus embajadores de la OEA que no participen de las deliberaciones para consensuar un proyecto común.

López Obrador y Arce consideran que la iniciativa implica la violación del principio de no injerencia en los asuntos internos de los países. Se trata de una mirada oblicua del derecho internacional: en 1979, la OEA envió a la Argentina una comisión para investigar la violación sistemática de los derechos humanos, que la dictadura militar consideraba un asunto interno.

Las cancillerías de los países miembros del foro regional no tienen un plazo perentorio para responder, pero la crisis institucional en Venezuela apura los tiempos diplomáticos. Si Brasil define a favor, los votos se multiplicarían y la sesión especial podría ocurrir este viernes.

La iniciativa consensuada a nivel de embajadores de la OEA tiene siete artículos. Infobae accedió en exclusiva a su texto, que está sujeto a las eventuales modificaciones que realicen los ministerios de Relaciones Exteriores. Hasta ahora, el proyecto establece:

“1. Reconocer la participación sustancial y pacífica del electorado de Venezuela en las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024.

2. Exigir con la mayor firmeza que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, especialmente el derecho a reunirse pacíficamente y al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias, el derecho a no ser sometido a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios, y el derecho a juicio imparcial sea una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela así como para todos los Estados de las Américas.

3. Llamar a todas las partes interesadas, actores políticos y sociales, en especial al Estado de Venezuela, a abstenerse de cualquier conducta que pueda comprometer la construcción de una salida pacífica de esta crisis, respetando la voluntad soberana del pueblo venezolano.

4. Solicitar a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela que protejan las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en dichas instalaciones, de conformidad con el derecho internacional, y en particular con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

5. Resaltar la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación.

6. Instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que: (a) publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, y (b) respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de la verificación de los resultados que sea imparcial y acordada por todos los actores políticos en Venezuela, y que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral.

7. Expresar solidaridad con el pueblo venezolano y comprometerse a permanecer atento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela”.