Efraín Suárez, asesor de gestión de la gobernación, emitió un comunicado respecto a la sentencia 1021-2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional, emitida el pasado viernes. Suárez mencionó que la sentencia ordena al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Asamblea Legislativa Departamental ejecutar el fallo, el cual no habría tomado en cuenta la ley departamental número 293.

La ley 293, emitida en marzo de 2023, regula los casos de ausencia temporal en la gobernación, estableciendo causales como viajes oficiales, razones personales, declaratoria y en condición, abandono injustificado de funciones, enfermedad grave certificada médicamente, entre otras. Suárez enfatizó que el Tribunal Constitucional no se ha enmarcado en esta ley, lo que hace que el fallo sea de "imposible cumplimiento" para la Asamblea Legislativa Departamental.

Suárez argumentó que el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca no está impedido de ejercer su cargo, tanto desde lo formal como desde lo real. Se refirió a la ley 293 como base legal para la ausencia temporal y destacó que el gobernador ha ejercido su cargo desde el penal de Chonchocoro durante el último año.

Según Suárez, la sentencia del Tribunal Constitucional es percibida como un intento de golpe a la democracia y al voto del pueblo cruceño, que eligió a Camacho Vaca como gobernador. La gobernación se comprometió a respetar las leyes departamentales y afirmó que el gobernador continuará con sus funciones oficiales en tanto la ley 293 no sea revocada o declarada inconstitucional.

El asesor instó a cumplir con la ley y el estatuto, enfatizando que si la Asamblea Legislativa Departamental posesiona al vicegobernador, estarían yendo en contra de la ley y cometiendo un delito. Suárez señaló que la resolución del Tribunal Constitucional podría ser cuestionada si se notificó fuera del horario permitido por la norma.

Ante posibles amenazas de procesos penales por parte de quienes impulsan el fallo, Suárez argumentó que están en la línea de cumplir con la norma y que incumplir con la ley también constituye un delito. En última instancia, llamó a los involucrados a responder si están dispuestos a incumplir con la ley aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental.