El expresidente Carlos Mesa, líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), ha declarado que la reciente declaración de desastre nacional por los incendios forestales es resultado directo de la “movilización” de la ciudadanía y de diversos sectores, incluyendo a bomberos y medios de comunicación.

Mesa publicó en su cuenta de X que esta situación se convirtió en prioridad estatal gracias a la presión ejercida por la ciudadanía y las iniciativas de los parlamentarios de oposición.

La declaración se llevó a cabo durante una reunión entre el Gobierno, encabezado por el presidente Luis Arce, y autoridades locales como el gobernador interino de Santa Cruz, Mario Aguilera.

Este encuentro resultó en la emisión del Decreto Supremo 5235, que establece el estado de desastre nacional en varias regiones afectadas por los incendios. “Comunidad Ciudadana se compromete a aportar y a vigilar para que el Gobierno actúe con eficiencia, rapidez y transparencia”, afirmó Mesa, resaltando la importancia de una gestión adecuada en medio de esta crisis.

La declaración de desastre nacional permitirá que el gobierno utilice recursos necesarios para combatir el fuego y mitigar sus efectos en las comunidades afectadas.

Durante las últimas semanas, la oposición ha intensificado sus llamados a declarar desastre nacional, dado el aumento en la intensidad de los incendios que han devastado áreas de Santa Cruz, Beni, Pando, La Paz y Cochabamba.

Esta presión se vio reforzada por el apoyo de algunos legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes también solicitaron la acción del gobierno.

En respuesta a la crisis, el presidente Arce solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de dos créditos internacionales por un total de 325 millones de dólares, destinados a financiar medidas de mitigación y respuesta a los incendios.

Esta solicitud refleja la urgencia de la situación y la necesidad de recursos adicionales para combatir el desastre.

Mesa también hizo un llamado a elevar a rango de ley el artículo 3 del Decreto Supremo 5225, que impide la distribución de tierras incendiadas por un periodo de cinco años.

Según el exmandatario, esta extensión debería ampliarse a diez años, en reconocimiento de la gravedad de los incendios que han afectado más de 7 millones de hectáreas, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).

La declaratoria de desastre nacional representa un paso crucial para habilitar la movilización de recursos destinados a la sofocación de incendios y para llevar a cabo acciones que ayuden a mitigar los efectos del fuego en las comunidades afectadas.