En Bolivia, la trata y tráfico de personas sigue siendo una grave amenaza para los derechos humanos.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, de enero a junio de 2024, se reportaron 327 casos, de los cuales 139 involucran a menores de 18 años.

Las autoridades han identificado cinco pasos fronterizos vulnerables, incluyendo rutas a Perú, Argentina y Brasil, utilizadas por las redes criminales para trasladar a las víctimas fuera del país.

La captación a través de redes sociales y juegos en línea se ha incrementado, convirtiéndose en un método frecuente de las organizaciones delictivas.

La trata interna es la modalidad más común en Bolivia, afectando principalmente a mujeres jóvenes que son trasladadas desde áreas rurales a ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, donde son explotadas laboral o sexualmente.

La Fundación Munasim Kullakita ha señalado que en Cochabamba, las adolescentes de comunidades andinas son llevadas al trópico, donde se enfrentan a condiciones de explotación.

Además, la psicóloga Evelin Seleme destaca que la falta de oportunidades educativas y laborales, junto con la violencia de género, hace a muchas adolescentes especialmente vulnerables.

Las autoridades bolivianas han advertido sobre el aumento de adolescentes captados mediante redes sociales, subrayando la necesidad de una mayor conciencia y protección.

La Dirección General de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas ha llamado a intensificar los esfuerzos de prevención y educación, ya que los casos de desapariciones relacionadas con estos delitos han aumentado significativamente en los últimos años, poniendo en alerta a la población y a las fuerzas de seguridad.