La Alcaldía de Santa Cruz ha expresado su rotunda oposición a una decisión judicial reciente que consolidó tres casos diferentes contra la exalcaldesa Angélica Sosa en un solo proceso legal.

Estos casos involucran acusaciones por ítems fantasmas, contratos irregulares y legitimación de ganancias ilícitas, con montos específicos que destacan la gravedad de los delitos imputados.

En particular, se mencionan más de 150 millones de bolivianos relacionados con el caso BRT, 32 millones de bolivianos en contratos irregulares, y otros 25 millones de bolivianos por ítems fantasmas. Estas cifras subrayan la magnitud de los recursos públicos supuestamente desviados.

La Alcaldía ha presentado apelaciones junto con el Ministerio de Transparencia y la Procuraduría General del Estado para revertir la resolución judicial, argumentando que cada caso tiene su propio conjunto de pruebas y que la consolidación en un solo proceso es ilegal y arbitraria.

Este esfuerzo busca asegurar que se mantenga la integridad de las investigaciones individuales que han sido desarrolladas durante casi dos años por el Ministerio Público.

En su comunicado, el gobierno municipal enfatiza que la finalidad principal de estos procesos legales es recuperar los fondos públicos desviados y garantizar la rendición de cuentas.

Los casos de ítems fantasmas implican acusaciones de contratación irregular de personal que nunca trabajó, mientras que los contratos irregulares investigan la firma de contratos sin las debidas formalidades legales, afectando gravemente las arcas municipales.

Además, se ha resaltado que el caso de legitimación de ganancias ilícitas involucra movimientos financieros millonarios identificados por la unidad de investigación financiera, llevados a cabo a través de diferentes organizaciones y en diversas instancias.

La Alcaldía recalca que la acumulación de estos casos en un solo proceso judicial no solo es ilegal, sino que también distorsiona la verdad y desinforma a la población sobre la seriedad de los delitos imputados.

Por último, se subraya la urgencia de que la unidad de investigación financiera haga públicos los detalles de estos movimientos económicos, lo que permitiría revelar la magnitud total del desvío de fondos y asegurar una respuesta legal adecuada ante los presuntos actos delictivos que afectan gravemente la administración municipal y la confianza pública.